Conceptos esparcidos

Fidem qui perdit, perdere ultra nihil potest.

El polvo del camino

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Es, sin embargo, verosímil que existieron, en aquellos tiempos, muy escasas leyes y que, escritas éstas en muy pocas y claras palabras, no necesitaban comentario alguno.
Juan de Mariana. Del Rey y de la institución real.

 

¿Se imagina alguien que nadie temiera acudir a este o a aquel médico en función de su ideología política?

¿Se imaginan ustedes que alguien, de ideología socialista temiera acudir a un médico de ideología conservadora o viceversa temiendo que éste obrara, más o menos consciente o inconscientemente, en contra de los principios de su arte para causarle algún daño por enemistad política?

Pues esto, inimaginable en el terreno de la Medicina, es señores, precisamente, lo que está sucediendo en España en el terreno de la Justicia desde hace ya bastantes, demasiados, años, cuando ésta debe de tratar asuntos remotamente relacionados con la política.

Si bien todos comprendemos que los jueces son hombres y, como tales, tienen, cada uno la ideología que más les place, y comprendiendo, igualmente, que, muchas veces han de decidir respecto al propio aspecto político del asunto que deben juzgar −dilema ante el que nunca, gracias a Dios, se enfrenta el médico−, también todos entendemos −ingenuamente− que el Juez, a la hora de juzgar, debe dejar su ideología encima del piano y enfrentarse exclusivamente, con los ojos vendados, a los hechos que juzga y a la letra y al espíritu de la Ley.

Esto, hoy, no es así en España y, cuando se trata de juzgar asuntos con derivaciones políticas, si conocemos cuál es la adscripción política del magistrado podemos predecir de antemano, y con un índice de probabilidad altísmo, de acertar hacia donde va a apuntar su sentencia.

Agrava y envenena hasta lo infinito lo anterior el hecho de que la composición de los Tribunales más altos, Constitucional y Supremo, por no hablar de la Fiscalía, apéndice del Gobierno, la deciden los partidos políticos, de manera que sus debates vienen a ser una prolongación de la misma discusión estéril parlamentaria y sus sentencias, un eco de la votación del Parlamento, de manera que hemos llegado a un extremo en el que una mayoría parlamentaria puede aprobar una resolución injusta e ilegal en tanto que el tribunal que tendría que limitar este exceso, en vez de hacerlo, se limita a actuar de caja de resonancia sancionadora de aquella votación.

Estamos, pues, no en un Estado de Derecho cuya Ley obliga a todos, sino en una dictadura de la mayoría.

Muchos y muy significativos ejemplos de lo que digo llevamos vistos en estas dos legislaturas zapatero, época en la que el mal del que hablo se ha agravado hasta límites terroríficos en el contexto de una degradación y descomposición de nuestras instituciones políticas, y, de manera harto ilustrativa lo vino a decir Conde-Pumpido, fiscal general del Estado cuando manifestó que

la Justicia no está para obstaculizar los procesos políticos,

remachando la idea con aquella brillante alegoría en la que aseguró que

el vuelo de la toga de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino.

Y, tan poco les importó a las togas fiscales mancharse del polvo que levanta Zapatero en su camino, que hemos tenido que asistir al bochorno y al desaliento de ver un día a Otegui bendecido con todos los parabienes de la fiscalía e intangible para la acción de la Justicia y, al siguiente, encarcelado en función, no de hechos nuevos, sino de los avatares de ese camino del que hablaba Conde-Pumpido, es decir, de la razón de Estado, de la conveniencia del poder político al que tan servilmente ayuda el judicial. En fin: de la razón de Estado.

Vemos, aunque nos parezca mentira, cómo en la España de hoy hay dos personas condenadas a decenas de miles de años de prisión, Suárez Trashorras que, además, padece una deficiencia intelectual y Jamal Zougam, por un delito que la evidencia, cada vez, más palmaria, nos hace sospechar que no pudieron cometer. Y ni un juez mueve un dedo. Y ni un fiscal mueve un dedo. Y ni se sabe de ningún juez ni de ningún fiscal que se haya puesto ni medianamente colorado. De nuevo, cosas del polvo del camino que caminamos.

En este contexto, ayer, don Ángel Juanes, presidente de la Audiencia Nacional puso la guinda en una entrevista a Europa Press y nos dijo, negro sobre blanco, cual es la meta de ese camino del que hablaba Conde-Pumpido y en el que no le importaba mancharse la toga: una nueva interpretación de la Constitución.

No es que nos sorprenda, porque de sobra sospechamos desde hace años que es, precisamente, una reforma constitucional subrepticia lo que pretende Zapatero desde su llegada al poder tras el Golpe de Estado del 11-M, pero sí choca que el señor Juanes nos diga tan paladinamente que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña va a implicar una nueva interpretación de la Constitución, esto es, hablando sin eufemismos, la sanción de la segunda parte del Golpe de Estado por parte del poder judicial1.

La reforma del Estatuto de Cataluña y, secundariamente, la de todos los demás que en él se inspiraron juega un papel crucial en este Golpe de Estado. Merece la pena que hagamos una breve recapitulación de ella.

En su origen, la reforma del Estatuto de Cataluña fue una humorada que se le ocurrió a Pascual Maragall cuando en España gobernaba el PP y parecía seguro que iba a seguir haciéndolo durante bastante tiempo. El señor Maragall no tenía, pues, ni la más remota esperanza que esta reforma estatutaria −para la que, por otra parte, no existía la más mínima demanda social− saliera adelante y la planteó a los meros efectos de hacer ruido y poner en aprietos al gobierno del PP. Aunque he perdido la cita y no puedo repetirla aquí textualmente creo que llegó a decir algo así como ¡lo que nos vamos a divertir!

Al poco, Zapatero entró a rematar de cabeza la idea de Maragall y fue entonces cuando, en un mitin en Cataluña, dijo aquello de:

«Pascual, respetaré todo lo que apruebe el Parlamento de Cataluña.»

Palabras que, en aquel momento a nada le obligaba pues, como digo, todo indicaba que el PP iba a seguir gobernando, al menos, una legislatura más.

En éstas andábamos cuando el Golpe de Estado del 11-M colocó inopinadamente a Zapatero en el poder de la Nación.

El Parlamento catalán, efectivamente, comenzó a discutir la reforma del Estatuto pero fueron tantas las diferencias entre los partidos catalanes y tanta la indiferencia ciudadana que llegó un momento en el que pareció que la reforma estaba muerta y acabada.

Fue entonces cuando, de una manera sorprendentísima, Zapatero llamó a la Moncloa a don Artur Mas y, engañándolo como a un chino, resucitó el moribundo Estatuto en el célebre Pacto del Tabaco. Éstas son las fechas que aún no comprendemos de manera cabal por qué Zapatero dio este giro a los acontecimientos cuando lo único que hubiera tenido que hacer hubiera sido no hacer nada para evitar todas las dificultades y todo el trastorno institucional que el Estatuto ha traído consigo.

El Pacto del Tabaco supuso un relanzamiento del mismo y obligó a CiU a una radicalización de su postura que aún perdura y que, seguramente, se agudizará.

El Parlamento catalán acabó redactando, merced a esta radicalización espoleada por Zapatero, un Estatuto manifiestamente inconstitucional. Tan inconstitucional que el propio PSOE tuvo que dar marcha atrás y reformarlo en las Cortes, lo que en Cataluña fue entendido, con muchísima razón, como una falta de Zapatero a su palabra:

«Pascual, respetaré todo lo que apruebe el Parlamento de Cataluña»

así como un engaño del presidente a Artur Mas. En aquel entonces no se sabía aún cabalmente que la palabra de Zapatero puede ser hoy una y, mañana, justo la contraria.

Quedó así redactado un Estatuto que no complacía a nadie fuera de a Zapatero y que fue aprobado en un referéndum en Cataluña en el que la participación no llegó ni al cincuenta por ciento y lo fue, esencialmente, no porque Cataluña deseara tal Estatuto, sino como muestra del rechazo que el PP, único partido que se oponía a aquella reforma, tenía y tiene en esta región (Pacto del Tinell).

Abreviando: el PP recurrió ante el Tribunal Constitucional la constitucionalidad del Estatuto que, aun aguachirlado por el parlamento Español, sigue planteando dudas más que fundadas, y aquí volvemos al hilo con el que empecé este discurso y que no es otro que la sumisión del poder judicial al poder político.

En una muestra de desprecio absoluto hacia la importancia del asunto, el Tribunal Constitucional lleva más de tres años sin pronunciarse al respecto de esa constitucionalidad. Durante estos tres años, sin embargo, el Estatuto ha ido desarrollándose creando una situación de facto irreversible como si su constitucionalidad fuera inmaculada y bendecida con todos los parabienes.

Y, todo esto, para nada pues, como decía antes, podemos asegurar, atendiendo a su constitución y sin miedo a equivocarnos, que el Tribunal Constitucional acabará sentenciando la constitucionalidad del Estatuto por seis votos a favor, seis en contra y el voto de calidad, decisivo, de su presidenta.

Don Ángel Juanes justifica la burla cruel que supone este retraso a la “complicación de la sentencia”. Volviendo al símil médico, vendría a ser tan clamoroso como que un médico justificara su inacción ante un paciente que se le muere a chorros por lo complejo de su cuadro clínico, medico al que el señor Juanes, de verse en el trance de tener que juzgar, no tendría más remedio que condenar por negligencia dolosa.

Cuanto más que lo de la “complicación de la sentencia” ya nos habla, si no de una manifiesta inconstitucionalidad del Estatuto, sí de la perversión que implica la ambigüedad de la Ley. Perversión muy alejada de lo que consideraba deseable el Padre Mariana:

«Es, sin embargo, verosímil que existieron, en aquellos tiempos, muy escasas leyes y que, escritas éstas en muy pocas y claras palabras, no necesitaban comentario alguno.»

Pero, ya, lo del retraso es lo de menos pues la mascarada es más que evidente. Como dice el señor Juanes, esta sentencia va a conllevar una nueva interpretación de la Constitución.

Entiéndase: el Tribunal Constitucional no va a leer el Estatuto para ver si se adapta a la Constitución o no. No. Lo que va a hacer el Tribunal Constitucional es reinterpretar la Constitución para que sea ésta la que se adapte al Estatuto.

Si esto no es la consumación, la sanción jurídica, de un Golpe de Estado, que venga Dios y que lo vea.

Tampoco es que importe mucho. Como digo, lo que el señor Juanes manifiesta con palabras lisas y llanas, lo venimos intuyendo muchos y desde hace mucho.

La Constitución del 78 está muerta. Su espíritu está muerto y su letra también. Importa, pues, muy poco lo que en España sea o deje de ser constitucional ni el tiempo que el Tribunal Constitucional se tome para dictaminarlo.

Si era verdad que había que modificar los estatutos de autonomía en el sentido que estamos viendo, de fuerza contra el espíritu y la letra de la Constitución, hubiera sido necesario modificar ésta previamente, primero en Cortes constituyentes y, luego, en referéndum.

Lo que se ha hecho, lo que se está haciendo, no es sino una tomadura de pelo dramática a todos los españoles y, como digo, un Golpe de Estado soterrado.

Golpe de Estado que ni siquiera va a mejorar la situación política de Cataluña pues su desarrollo, como decía antes, no sólo no ha servido para dotar a esta región de un nuevo Estatuto sino que ha radicalizado, más si cabe, las posiciones de los radicales y ha obligado a radicalizar las posiciones de los moderados. Sea cual sea la sentencia del Constitucional, volveremos a ver en diciembre, D.m., cómo queman ejemplares de la Constitución partidos que en Cataluña ocupan el poder.

Pero, como digo, importa poco que se queme una Constitución muerta.

Los que hemos crecido y vivido creyéndonos ciudadanos y creyendo la monserga de lo del Estado de Derecho tenemos que admitir que estábamos equivocados. Tenemos que seguir viviendo en esta sociedad −los que no queramos o podamos expatriarnos− pero sabiendo que no vivimos en un Estado donde impera la Ley sino en el que impera la arbitrariedad de las mayorías parlamentarias, contra cuyos desafueros ninguna salvaguarda tenemos más allá de ellas mismas, como ningún arma tenemos para luchar contra ellos fuera de la desobediencia civil hasta donde el valor de cada uno nos lo permita.

Para acabar, vuelvo a apelar a la necesidad de una reforma constitucional imbuida del espíritu tradicionalista, único, a mi modo de ver, que puede solucionar el problema territorial español y que puede devolver al Derecho a la dignidad de la que ha caído.

Pero, aun así, pasarán muchos años antes de que podamos decir que vivimos en una nación bajo el imperio de la Ley, si es que podamos llegar algún día a verlo. Demasiadas instituciones se han destruido. Demasiadas generaciones han crecido pensando que las cosas deben de ser así. Demasiados profesionales del Derecho han encauzado su profesión al abrigo y al dictado del poder de los partidos políticos o, sencillamente, les temen. Demasiados jueces y fiscales están imbuidos de la misma soberbia intelectual que Zapatero y entienden el papel de la Justicia en el nuevo mundo que Zapatero está creando como la entiende éste. Y, en fin, demasiado difícil que aparezcan ex nihilo nuevas generaciones de profesionales del Derecho que se revelen contra esta servidumbre y estado de las cosas.

Acabo aquí. Al socaire de la alegoría condepumpidiana, me ha venido a la memoria un chascarrillo rimado (desconozco a su autor y, por tanto, no puedo citarlo) que nada tiene que ver con lo que precede pero que, como digo, me ha venido a la memoria y puede servir para distraernos, reír y no llorar ante tanta degradación.

Dice así, Pumpido:

¡Qué  polvo tiene el camino!
¡Qué polvo, la carretera!
¡Qué polvo tiene el molino!
¡Qué polvo la molinera!

Riamos por no llorar, Pumpido.

1 En el Golpe de Estado del 11-M podemos distinguir, a mi modo de ver, dos partes bien diferenciadas: una, el atentado terrorista de Atocha, de autoría desconocida, que llevó al partido socialista al poder. La segunda parte es su desarrollo por parte de ese mismo partido socialista aliado a los partidos de izquierda radical separatista, muy especialmente en Cataluña, y en el que la reforma del Estatuto catalán, y la de los demás estatutos de autonomía que en él se inspiraron, juega un papel crucial. Esta segunda parte todavía no ha finalizado. 

Vínculos:

 El presidente de la Audiencia Nacional justifica el retraso en la decisión sobre el Estatut. Libertad Digital.

          Agradezco la cita de esta entrada a maremagnumdequisicosillas.blogspot.

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Written by Carlos Muñoz-Caravaca Ortega

15 agosto, 2009 a 19:30

Publicado en Política

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