Conceptos esparcidos

Fidem qui perdit, perdere ultra nihil potest.

‘Violencia simbólica’

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De entre las muchas noticias terribles que nos ha traído el día de hoy: el desplome de la bolsa, el mantenimiento de la convocatoria de referéndum por parte del lehendakari vasco haciendo caso omiso a la legalidad vigente o la quiebra de la mayor empresa inmobiliaria española, me ha causado especial impacto desagradable la de las declaraciones del consejero de Cultura y Medios de Comunicación de la Generalidad de Cataluña, Joan Manuel Tresserras.

Dice Tresserras respecto de los que hemos firmado el Manifiesto por la Lengua Común:

«Estamos acostumbrados a ver como violencia sólo la física, pero también hay violencia simbólica; cuando se intenta convencer a amplios colectivos de cosas que son falsas al servicio de determinados intereses políticos, es una forma de violencia simbólica.»

Como soy uno de los firmantes de tal manifiesto, me he sentido especialmente aludido pero, aunque no lo hubiera firmado, la indignación que me han causado estas palabras y la necesidad de responder a ellas hubieran sido las mismas.

Diciéndolo resumidamente: es intolerable que un gobernante de una nación supuestamente democrática acuse a un grupo de ciudadanos de violentos por el mero hecho de emitir una opinión.

Es intolerable y es muy preocupante porque la única violencia permitida en un estado de Derecho es la que se reserva dicho estado para imponer la Ley y, si un gobernante de dicho estado, acusa de violento a alguien por pensar de determinada forma, lo que viene es a amenazarnos con que a nuestra violencia se pueden oponer otras violencias, incluida la del Estado.

Hasta ahora pensábamos que el pensamiento no delinque y que la ley española protege la libertad de expresión. Tresserras, con sus palabras desde el gobierno de Cataluña, nos hace dudar de ello.

Esto es estalinismo puro y duro.

Tresserras es de ERC y gobierna en Cataluña, no lo olvidemos, porque el PSOE así lo quiere.

La violencia simbólica que dice Tresserras  existe. La vimos hace poco plasmada en la composición fotográfica en la que aparecía el rostro de Rosa Díez con en tiro en la frente colocada en pasquines callejeros por gentuza no menos estalinista que Tresserras.

Existe la violencia simbólica sí. Pero llamar violencia simbólica —y más desde el gobierno— a la expresión de una opinión tan comedida como la del Manifiesto sólo puede ser considerado, por un lado, truco semántico y, por otro, invitación y justificación de la violencia que contra nosotros pueda cometerse por haber firmado el Manifiesto.

Truco semántico como tantos otros utilizados por la izquierda española y que en Cataluña, y referidos a la independencia, se suma a otros como el del autoodi (autoodio), concepto que utilizan para convencer a los catalanes que se sienten españoles y no desean la independencia de que padecen odio hacia Cataluña, o, el más reciente de sostener la existencia de un supuesto genocidio de España hacia Cataluña. Eso por no hablar del ya anticuado y manido epíteto de facha o fascista aplicado de oficio a cualquiera que se atreva a considerar a Cataluña parte de España.

E invitación y justificación obvia de violencia hacia cualquiera que se atreva a disentir de Tresserras y compañía.

Y todo esto, repito, dicho desde el Gobierno de la Generalidad de Cataluña.

En tales manos ha caído el gobierno de Cataluña gracias al PSOE.

Hoy ha aparecido también otra noticia muy relacionada con esta y que apunta en la misma dirección.

Me refiero a los epítetos que ha lanzado Joan Puig, exdiputado de ERC, contra Monserrat Caballé por haber firmado, ella también, el manifiesto y, además, haberse declarado española de pura cepa.

Por este motivo la ha llamado y nos ha llamado a todos, indeseables y mentirosos:

«Yo digo basta, no les necesitamos, todos estos personajes forman parte de una lista de indeseables, de mentirosos, de generadores de conflictos, hace falta denunciarlo, tenemos la razón y ellos lo saben.»

Elocuente expresión la de «no les necesitamos».

El ambiente en Cataluña, y en España entera, es, cada vez, más irrespirable pero aún quedan personas valientes como Jordi, de Barcelona, quien en e-noticies comenta el hecho con estas palabras:

Resulta patètic que sigui precisament Joan Puig qui faci servir el qualificatiu d’indesitjable contra algú. I no deixa de ser curiós que utilitzi aquest adjetiu contra algú com la Caballé qui, al contrari que ell, sí que ha triomfat a la vida.

(Resulta patético que sea, precisamente, Joan Puig quien utilice el calificativo de indeseable contra nadie. Y no deja de ser curioso que utilice este adjetivo contra alguien como Caballé quien, al contario que él, sí ha triunfado en la vida.)

Cada vez es más irrespirable el ambiente que se vive en Cataluña y en toda España y poco más me queda por decir.

Dejo aquí el Manifiesto por la Lengua Común para que se vea la violencia simbólica que contiene y para que quien no ande muy enterado del asunto se vaya enterando que hay gobernantes en España que piensan que esto no se puede decir:

 

MANIFIESTO POR LA LENGUA COMÚN

Desde hace algunos años hay crecientes razones para preocuparse en nuestro país por la situación institucional de la lengua castellana, la única lengua juntamente oficial y común de todos los ciudadanos españoles. Desde luego, no se trata de una desazón meramente cultural —nuestro idioma goza de una pujanza envidiable y creciente en el mundo entero, sólo superada por el chino y el inglés— sino de una inquietud estrictamente política: se refiere a su papel como lengua principal de comunicación democrática en este país, así como de los derechos educativos y cívicos de quienes la tienen como lengua materna o la eligen con todo derecho como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación.

Como punto de partida, establezcamos una serie de premisas:

1. Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y por tanto sólo una de ellas —el castellano— goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen. Es decir, hay una asimetría entre las lenguas españolas oficiales, lo cual no implica injusticia (?) de ningún tipo porque en España hay diversas realidades culturales pero sólo una de ellas es universalmente oficial en nuestro Estado democrático. Y contar con una lengua política común es una enorme riqueza para la democracia, aún más si se trata de una lengua de tanto arraigo histórico en todo el país y de tanta vigencia en el mundo entero como el castellano.

2. Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas. O sea: los ciudadanos que hablan cualquiera de las lenguas cooficiales tienen derecho a recibir educación y ser atendidos por la administración en ella, pero las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias en educación, información, rotulación, instituciones, etc… en detrimento del castellano (y mucho menos se puede llamar a semejante atropello «normalización lingüística»).

3. En las comunidades bilingües es un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua cooficial, junto a la obligación de conocer la común del país (que también es la común dentro de esa comunidad, no lo olvidemos). Pero tal aspiración puede ser solamente estimulada, no impuesta. Es lógico suponer que siempre habrá muchos ciudadanos que prefieran desarrollar su vida cotidiana y profesional en castellano, conociendo sólo de la lengua autonómica lo suficiente para convivir cortésmente con los demás y disfrutar en lo posible de las manifestaciones culturales en ella. Que ciertas autoridades autonómicas anhelen como ideal lograr un máximo techo competencial bilingüe no justifica decretar la lengua autonómica como vehículo exclusivo ni primordial de educación o de relaciones con la Administración pública. Conviene recordar que este tipo de imposiciones abusivas daña especialmente las posibilidades laborales o sociales de los más desfavorecidos, recortando sus alternativas y su movilidad.

4. Ciertamente, el artículo tercero, apartado 3, de la Constitución establece que «las distintas modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». Nada cabe objetar a esta disposición tan generosa como justa, proclamada para acabar con las prohibiciones y restricciones que padecían esas lenguas. Cumplido sobradamente hoy tal objetivo, sería un fraude constitucional y una auténtica felonía utilizar tal artículo para justificar la discriminación, marginación o minusvaloración de los ciudadanos monolingües en castellano en alguna de las formas antes indicadas.

5. Por consiguiente los abajo firmantes solicitamos del Parlamento español una normativa legal del rango adecuado (que en su caso puede exigir una modificación constitucional y de algunos estatutos autonómicos) para fijar inequívocamente los siguientes puntos:

1. La lengua castellana es COMÚN Y OFICIAL a todo el territorio nacional, siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a todos los ciudadanos españoles.

2. Todos los ciudadanos que lo deseen tienen DERECHO A SER EDUCADOS en lengua castellana, sea cual fuere su lengua materna. Las lenguas cooficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva. En cualquier caso, siempre debe quedar garantizado a todos los alumnos el conocimiento final de la lengua común.

3. En las autonomías bilingües, cualquier ciudadano español tiene derecho a ser ATENDIDO INSTITUCIONALMENTE EN LAS DOS LENGUAS OFICIALES. Lo cual implica que en los centros oficiales habrá siempre personal capacitado para ello, no que todo funcionario deba tener tal capacitación. En locales y negocios públicos no oficiales, la relación con la clientela en una o ambas lenguas será discrecional.

4. LA ROTULACIÓN DE LOS EDIFICIOS OFICIALES Y DE LAS VÍAS PÚBLICAS, las comunicaciones administrativas, la información a la ciudadanía, etc… en dichas comunidades (o en sus zonas calificadas de bilingües) es recomendable que sean bilingües pero en todo caso nunca podrán expresarse únicamente en la lengua autonómica.

5. LOS REPRESENTANTES POLÍTICOS, tanto de la administración central como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana lo mismo dentro de España que en el extranjero, salvo en determinadas ocasiones características. En los parlamentos autonómicos bilingües podrán emplear indistintamente, como es natural, cualquiera de las dos lenguas oficiales.

Firmado por Mario Vargas Llosa, José Antonio Marina, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Carlos Martínez Gorriarán, José Luis Pardo, Alvaro Pombo, Ramón Rodríguez, José Mª Ruiz Soroa, Fernando Savater y Francisco Sosa Wagner.

Esto, señores, es violencia simbólica para la gente de izquierda que nos gobierna y, a lo que parece, falta poco para que cosas como esta se puedan seguir diciendo en España.

Vínculos:

El ‘Manifiesto en defensa de la lengua común’ es “violencia simbólica.” De Libertad Digital.
El Govern acusa els promotors del Manifiesto de “violencia simbólica”. De e-noticies.
‘Boicot’ a Monserrat Caballé. De e-noticies.
Joan Puig llama indeseables a Montserrat Caballé, Vargas Llosa y Boadella. De Libertad Digital.
Manifiesto en defensa de la lengua común. De El Mundo.
Adhiérete al Manifiesto si lo deseas y tienes valor. En El Mundo.
          Nota: Tres años después de firmado el anterior manifiesto, otras 2.300 personas han firmado otro semejante y trasunto de aquél:  ‘Manifiesto por la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña’.

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Written by Carlos Muñoz-Caravaca Ortega

15 julio, 2008 a 17:47

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